Dos intendentes albertistas favorecidos con ATP aumentaron los sueldos a los trabajadores
Villa Mercedes y Justo Daract integran el selecto club que pudo pagar la actualización salarial dispuesta por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. La ciudad de San Luis también recibió recursos extra pero no otorgó la suba.
Los intendentes albertistas puros corren con ventaja y se pueden dar lujos frente al resto de sus pares que hacen malabarismos para pagar sueldos y no tienen chances en el actual contexto de proyectar una política salarial.
Maximiliano Frontera (Villa Mercedes), Alfredo Domínguez (Justo Daract) y Sergio Tamayo (San Luis) son los tres intendentes albertistas puros del Frente Unidad Justicialista que arrancaron la gestión con un refuerzo extraordinario de fondos merced a la decisión discrecional del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
A través de los decretos Nº 326-MHP-2019 y Nº 327-MHP-2019 publicados en el Boletín Oficial del viernes 22 de mayo, se conoció que Villa Mercedes recibió $50 millones y Justo Daract $17 millones.
Frontera y Domínguez tuvieron motivos para brindar por la llegada del 2020. El vicegobernador, a cargo del Ejecutivo, Eduardo Mones Ruiz firmó los decretos que fueron rubricados también por el ministro de Hacienda, Eloy Orcajo y la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, el 30 de diciembre. Por esos días el gobernador ya estaba de vacaciones. En un trámite exprés recibieron Aportes del Tesoro Provincial para “afrontar el desequilibrio económico y financiero”.
Ambos intendentes se pusieron en línea con el Gobierno provincial que anunció en marzo una actualización del 40% a pagarse en seis cuotas (15% en marzo, 5% en mayo, 5% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y 5% en diciembre)
El refuerzo de ATP a Tamayo se ubicó en los $245 millones. Tanto el Gobierno como la Municipalidad no dejaron trascender mayores de detalles de la transferencia.
En el caso de la capital, no se definió todavía la suba salarial.
Por el complicado contexto que atraviesan, un puñado de intendentes acudieron al Gobierno provincial en búsqueda de auxilio financiero para hacer frente a una serie de demandas que surgieron en la pandemia de COVID-19.
Desde el Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP) señalaron que “la gran mayoría de los municipios” donde tienen afiliados, “no se actualizaron los sueldos”.
En Quines la semana pasada hubo asambleas de los trabajadores por el retraso. En Villa de Merlo tampoco se pudo pagar regularmente.
En declaraciones a El Chorrillero, el secretario general de la entidad sindical, Rubén Nemsoff, sostuvo que los empleados “vienen con sueldos bajísimos” y aseguró que las intendencias más chicas “tampoco dieron la suba”.
“Lo que hace falta es recomponer los salarios como corresponde, un bono no es una solución”, afirmó.
Nemsoff sostuvo que en la etapa de distanciamiento social comenzarán a “reactivar los reclamos”. “Antes teníamos las oficinas cerradas y la limitación de manifestarnos, pero ahora comenzaremos con los planteos”, agregó.
Otro gremio que se pronunció fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En una publicación en la página de Facebook se comunicó que van a “provincializar la problemática de los municipios comenzando con la organización de medidas de acción directa”.
“Serán en distintas municipalidades, repudiando despidos y exigiendo reincorporaciones, rechazando recortes salariales, y exigiendo aumentos, mejoras de las condiciones de bioseguridad, el pase a planta permanente y recategorizaciones”, indicaron.
La salud financiera de los municipios pasa por un momento delicado. Por ejemplo, la coparticipación de mayo se desplomó un 70% en algunos distritos.
Quince intendentes de diferentes banderas políticas firmaron un petitorio para que los fondos adicionales que manda la Nación a San Luis sean distribuidos entre las 65 comunas con el objetivo de compensar la pérdida de recursos.
La administración de Rodríguez Saá decidió blindarse y no baja recursos a las ciudades y pueblos. En la conferencia de prensa de la semana pasada la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur reconoció que han llegado $743 millones.
El reparto discrecional de ATP a los intendentes no es una novedad. Es una herramienta que se usa para premiar a los propios y castigar a los opositores.